La mañana del lunes 27 de febrero en el terminal de pasajeros de Guarenas el pueblo inicia una protesta motivada por el incremento del pasaje del transporte interurbano en más del 100% (de 6 a 18 bolívares) y el desconocimiento del pasaje preferencial estudiantil, lo que ocasionó disturbios y enfrentamientos con la Policía Metropolitana.
Caracas, 26 Feb. AVN.- Con los hechos de El Caracazo, ocurridos el 27 de febrero de 1989, por primera vez en la historia un pueblo se alzó de forma espontánea contra las recetas neoliberales impuestas por Estados Unidos, con una rebelion masiva protagonizada por los sectores populares, que lograron crear el preámbulo para la posterior ruptura con el sistema bipartidista.
La esperanza del regreso de la "Gran Venezuela" del período 1974-1979 llevó al candidato de Acción Democrática (AD), Carlos Andrés Pérez, por segunda vez al poder, con la falsa promesa del retorno a un país de abundancias que ocultaban desde entonces el descalabro económico.
Su victoria electoral en 1988 vino en la cresta de la misma ola populista que despedía a su predecesor, Jaime Lusinchi, quien se fue con una alta popularidad respaldada por los medios de comunicación, para después lavarse las manos ante la situación económica que dejaba y expresar "la banca me engañó", refiriéndose al agotamiento de las reservas internacionales.
Pero la realidad del país no se había distanciado de aquel viernes 21 de marzo de 1983, cuando el dólar pasó de Bs.4,30 a Bs.7,50, en el gobierno del copeyano Luis Herrera, medida que resultó de políticas injerencistas con planes macroeconómicos en mano, que se tradujeron en un endeudamiento con la banca internacional que superaba el ingreso petrolero.
En 1989 la caída de los precios del petróleo junto al alto índice de inflación y el déficit de la balanza de pagos profundizaron el deterioro económico. La inflación general era de 52,1% y el Producto Interno Bruto descendió en 8%. Las condiciones eran óptimas para un escenario de intervención de organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El consenso neoliberal de Washington
La escuela neoliberal había dado frutos en regímenes dictatoriales como el de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), luego de la incorporación de expertos económicos formados en la Universidad de Chicago, moldeados por Milton Friedman, creador de recetas o "paquetazos" que incluyen de forma elemental la reducción del gasto público, elevación de impuestos y disminución del Estado.
Posteriormente, el advenimiento de gobiernos de corte populista pero con graves problemas económicos permitió el "asesoramiento" de organismos multilaterales de crédito como el FMI y el Banco Mundial, creados originalmente para la estabilización monetaria luego de la Segunda Guerra Mundial.
Dichos organismos impusieron sus programas de liberalización en gobiernos como el del mexicano Carlos Salinas (1988-1994), el argentino Carlos Ménem (1989-1999) y el peruano Alberto Fujimori (1990-2000), como condición para el refinanciamiento de deudas y con el verdadero propósito de extraer de América Latina excedentes comerciales, de regalías e intereses, que permitieran compensar el déficit de Estados Unidos.
El neoliberalismo es un modelo hegemónico que se caracteriza por "un avance generalizado de las relaciones mercantiles que se expresan sin mediación alguna", donde los factores de atraso son las conquistas sociales, mientras que la modernidad está en las privatizaciones y el modelo del "Estado mínimo", explica Emir Sader en el libro Neoliberalismo: mito y realidad.
El paquete neoliberal se basa en la aplicación del Consenso de Washington, doctrina propuesta por el economista John Williamson, para "promover" el crecimiento de las economías en crisis basándose en 10 pasos entre los que está reorientar las prioridades de gasto público, liberar tasas de interés, abrirse al capital extranjero y privatizar las empresas públicas.
El paquete económico
El 16 de febrero de 1989 a casi 15 días de la toma de posesión de Pérez, reseñada por los medios como "La Coronación", el entonces presidente anunció la aplicación de un "paquete económico" cuyas medidas fueron expuestas únicamente a las cúpulas partidistas, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y el sector empresarial —sin explicación alguna al pueblo— fundamentado en los desequilibrios fiscales, cambiarios y el endeudamiento externo, para recuperar la estabilización macroeconómica.
Las medidas, según Pérez, se aplicaron "con miras a corregir de manera profunda y prolongada los errores y omisiones que han causado desequilibrios en el desarrollo del país", e incluían acudir al FMI y someterse a un programa de supervisión para obtener 4.500 millones de dólares en tres años, privatizar empresas no estratégicas en manos del Estado, liberar las tasas de interés activas y pasivas con un techo de 30% y aumentar en 100% el precio de la gasolina.
También contempló un incremento en 30% de la tarifa del transporte, eliminar la tasa preferencial de divisas, liberar precios de los productos con excepción de 18 rubros incluidos en la cesta básica, aumentar gradualmente el precio de los derivados del petróleo, congelar cargos en la administración pública y permitir una mayor participación del sector privado en la economía nacional.
Hechos los anuncios, comenzó una escalada de acaparamiento que desapareció de los anaqueles el aceite comestible, la pasta y leche en polvo, entre otros productos. Los nuevos precios de la gasolina se ubicaron en Bs.2,75 para la de alto octanaje y 2,55 para la de medio octanaje y las bombonas de gas sufrieron un incremento de 40%.
El día 26 fue decretado el aumento del transporte público, al cual se opusieron las organizaciones de transporte, que por el aumento de la gasolina demandaban un 100% de incremento. Y así lo hicieron en Guarenas, el día después.
Caracazo
La mañana del lunes 27 de febrero en el terminal de pasajeros de Guarenas el pueblo inicia una protesta motivada por el incremento del pasaje del transporte interurbano en más del 100% (de 6 a 18 bolívares) y el desconocimiento del pasaje preferencial estudiantil, lo que ocasionó disturbios y enfrentamientos con la Policía Metropolitana.
Estos disturbios se intensificaron hasta devenir en saqueos a un centro comercial cercano al terminal y la quema de unidades de transporte urbano e interurbano. Posteriormente, la protesta se había extendido por varias ciudades del país como Caracas, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Puerto La Cruz, Cumaná, Anaco, Ciudad Guayana y Barinas.
La propagación de los manifestantes se dio de forma espontánea, sin ningún tipo de organización, por parte de un pueblo desencantado de un nuevo gobierno, que fue la prolongación de sucesivas políticas que venían afectando de forma negativa su calidad de vida. En Caracas el estallido social se presenció en Caricuao, Catia, La Hoyada, Nuevo Circo y Petare, conjuntamente con protestas de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y algunos liceos del centro y oeste de la ciudad.
En muchos de los locales comerciales fueron encontrados productos acaparados por comerciantes, como leche, café, azúcar, harina y aceite. El pueblo, conformado por habitantes de los sectores populares, decide apropiarse de estas y otras mercancías, en una jornada que duró hasta la noche y madrugada del martes 28.
Respecto al estallido social, en el libro 27 de febrero de 1989: interpretaciones y estrategias, Reinaldo Iturriza López señala que la movilización de pueblo aquel día no se plantea "como objetivo la toma del poder político. Lo cual no niega que sea, efectivamente, una forma de existencia política. Todo su funcionamiento, su existencia misma es ya un ejercicio de poder contra el Estado, o más bien contra unas ciertas y determinadas formas de poder".
Esa forma de poder iniciaría una arremetida contra el pueblo en las zonas populares luego de ser rebasada la capacidad de respuesta por parte de la Policía Metropolitana, Guardia Nacional y la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en Caracas.
La doctrina de la represión
En la madrugada del 28 de febrero el presidente Pérez, en concordancia con los métodos establecidos por la Doctrina de Seguridad Nacional, ordena mandar a la calle al Ejército con licencia para utilizar armas de fuego. En la tarde anuncia la suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda con el fin de reprimir al pueblo insurgente.
La Doctrina de Seguridad Nacional justifica que los Estados y sus fuerzas de orden deben prepararse fundamentalmente para la seguridad interna y no para eventuales guerras contra agentes extranjeros, explica Hernando Calvo Ospina en su libro El terrorismo de Estado en Colombia.
Con esta lógica, durante El Caracazo se forzó al Ejército a atentar contra el pueblo y la Constitución en nombre de la seguridad nacional, dentro de un esquema que resguardara las relaciones económicas existentes, la dependencia de Estados Unidos y los intereses de la clase burguesa.
En esa línea fueron suspendidos los derechos a la libertad individual, individualidad de domicilio, libertad de tránsito, de expresión, derecho a reunión y derecho a manifestación pacífica, previstos en la Constitución de 1961.
Como en los peores tiempos de la feroz represión betancurista del "disparen primero y averigüen después", fueron aplicados métodos de exterminio, de los que se reportaron centenares de muertos y heridos en los barrios La Pastora, 23 de Enero y La Vega, en Caracas.
"En Venezuela no hay desaparecidos, ni un Estado represivo", dijo el entonces ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, sin embargo, fueron dispuestos 9.000 efectivos en las calles, y algunas versiones indican que hubo más de mil fallecidos —aunque la cifra manejada por el Ministerio Público es de 331— y un similar número de heridos.
A pesar de los hechos, el 1 de marzo el gobierno de Pérez firma una carta de intención con el FMI solicitando un préstamo para la aplicación del paquetazo, mientras el país permanecía militarizado.
Como muestras de ceguera política, Milagros Mendoza, secretaria nacional del partido burgués Copei, expresó el 6 de marzo que se iba a "perder el tiempo al ahondar en las causas de la explosión social", y el presidente Pérez por su parte, dijo días antes que "los focos de los disturbios que quedan son producidos por una mezcla de delincuencia y rezagos de subversión".
El 7 de marzo fue suspendido el toque de queda y comenzaron a reactivarse las actividades en el país, en el que se contabilizaron pérdidas por 2.500 millones de bolívares.
Luego de los hechos de El Caracazo el esquema puntofijista sufrió una ruptura que lo escindió del sentimiento de las masas populares, que serían testigo de dos rebeliones militares en 1992 las cuales allanarían el camino a la victoria popular de Hugo Chávez en 1998.
Como un acto de justicia, en noviembre de 1999, el Gobierno bolivariano reconoció la responsabilidad del Estado venezolano en estos sucesos, luego de 10 años que le tomó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconocer la violación de los derechos fundamentales de 44 víctimas.
El 30 de abril de 2007, Chávez ordenó el retiro de Venezuela del FMI, al cancelar totalmente la deuda externa, para romper de esa forma con décadas de dominación económica.
Actualmente están en curso seis acusaciones por homicidio intencional calificado y quebrantamiento de convenios internacionales que recaen sobre quienes dirigieron la fuerza pública en aquellos hechos, como Italo del Valle Alliegro (ex ministro de la Defensa), José Rafael León Orsoni (ex comandante de la Policía Metropolitana) y Virgilio Rafael Ávila Vivas (ex gobernador del Distrito Federal).
AVN
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